Sentencia del TEDH sobre el control de los trabajadores con cámaras de videovigilancia

Por ahotelera el 27 27UTC febrero 27UTC 2018 en Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda-Vilaseca/Silvia Delgado
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Se trata de un supuesto en que el responsable de un supermercado detectó irregularidades entre los niveles de las existencias de productos y el que realmente se vendía cada día. A raíz de este descubrimiento la cadena decidió instalar cámaras de vigilancia. Unas visibles, dirigidas al control de posibles hurtos de los clientes, y otras ocultas, focalizadas sobre las cajas y dirigidas a controlar los trabajadores.

Los trabajadores fueron informados de la instalación de las primeras pero no de las segundas. Todos los trabajadores sospechosos fueron convocados a reuniones individuales, donde admitieron su implicación en los robos ante un representante sindical y otro de la empresa.

Los trabajadores fueron despedidos por motivos disciplinarios después de ser pillados ayudando otros empleados o clientes a salir de la tienda con productos por los cuales no habían pagado, y el contenido de los vídeos fue utilizado como prueba en los procedimientos de despido. Los trabajadores afectados decidieron impugnar su despido ante los tribunales alegando una vulneración del derecho a la vida privada y a la intimidad, por haber sido grabados sin su consentimiento. Tres de ellos alegaron coacciones en los acuerdos que habían firmado. Los despidos, pero, fueron avalados por la justicia española, por lo cual los afectados decidieron recorrer ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Una medida desproporcionada
El mismo tribunal europeo sentenció que la captación de la imagen con propósito de videovigilància puede suponer, en función de cómo se realice, una interferencia a la vida privada que lesione el derecho a la intimidad. También añadieron que la instalación del sistema de videovigilància era oportuna, pero, a diferencia de los tribunales españoles, consideraba que la medida no fue del todo proporcionada por dos motivos:

En primer lugar, porque la empresa no informó previamente de la instalación de cámaras ocultas, incumpliendo de este modo el deber de informar con carácter exhaustivo y con el contenido que prevé el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

En segundo lugar, porque la videovigilància no se focalizaba sobre determinados trabajadores y por un tiempo limitado, sino que afectaba todos los trabajadores, sin límite de tiempo y durante toda la jornada de trabajo.

De este modo, la sentencia consideraba la grabación como una medida desproporcionada y realizada en violación del artículo 8 del Convenio (derecho a la vida privada). Se entiende el derecho de información de los trabajadores como elemento clave para la salvaguarda de la intimidad, puesto que ni siquiera una sospecha de hurto permite matizar la aplicación de tal derecho.

Los controles empresariales respecto de la actividad de los trabajadores son lícitos, siempre que respeten los derechos fundamentales, pero se tiene que valorar a cada supuesto la idoneidad y proporcionalidad de la medida. Tanto los trabajadores como sus representantes tienen que conocer la instalación de medidas de control y su ubicación. Por lo tanto, se admite la instalación de cámaras de videovigiláncia a los centros de trabajo pero tienen que estar colocadas donde se realice la prestación laboral, y con información previa a los trabajadores.

Las empresas que instalen cámaras de videovigiláncia permanentes o temporales en los centros de trabajo tienen que cumplir previamente y escrupulosa con los derechos de información que establece la legislación de protección de datos. En el supuesto que no lo hagan, puede pasar que las grabaciones no sean válidas como pruebas en un juicio.

Fuente: FIHR

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